Sin embargo, el acuerdo alcanzado resulta decepcionante: el supervisor único no cubrirá a todos los bancos dejando de lado los bancos de tamaño mediano de algunos países, olvidando la experiencia española en la que ha sido este segmento el que mayores problemas ha originado dentro del sistema financiero español. Pero las mayores debilidades del acuerdo alcanzado para poner en marcha la Unión Bancaria están en el Mecanismo Único de Resolución. El mecanismo aprobado es extremadamente complejo y burocrático deja un margen discrecional excesivo a los supervisores nacionales, está dotado de un fondo de resolución escaso y demasiado alejado en el tiempo (2026) y, sobre todo, no está respaldado por un dique de contención (backstop) fiscal apropiado.
La ausencia de un mecanismo de respaldo fiscal tiene graves implicaciones: puede poner en duda la independencia del BCE ante el riesgo de crisis sistémica agudizando los conflictos de interés entre los objetivos de política monetaria y los de estabilidad financiera. La dimensión alcanzada, 55 bn€ en 2026 resulta claramente insuficiente frente a los balances de los bancos, como lo demuestran las cifras movilizadas hasta ahora para los rescates bancarios. Una Unión bancaria débil y retrasada en el tiempo no rompe el vínculo entre riesgos soberanos y financieros. En el fondo, Europa ha apostado por mantener el statu quo bancario nacional sin dar un salto federal en la resolución de entidades en crisis.
El resultado del acuerdo parece confirmar el triunfo de las tesis alemanas:(carta de Wolfgang Schauble marcando las líneas rojas) no se utilizará el ESM como mecanismo de recapitalización directa de las entidades, no habrá mutualización de las deudas bancarias heredadas ('legacy assets'), el fondo europeo de resolución solo será operativo cuando esté completamente financiado; mientras tanto, compartimentos nacionales; por otro lado, el principio de proporcionalidad en el Consejo de Resolución en base al capital del BCE garantiza a Alemania y los países del Norte la capacidad de veto sobre las decisiones de resolución-liquidación. Si a ello se añade la proliferación de comités y personas implicadas en los procesos de decisión, no es difícil concluir que el mecanismo no funcionará con la agilidad que exigen los mercados.
En el fondo, el mecanismo de rescate y resolución bancaria aprobada es el aplicado en España con un toque chipriota: primero, accionistas, después, acreedores preferentes y junior, determinados depositantes de más de 100000 € (como en Chipre) más tarde, fondos nacionales, y, por último, y con una fuerte condicionalidad, fondos europeos, al estilo MoU español.
El acuerdo adoptado ha sido calificado como de farsa, decepcionante, fallido, por los principales analistas europeos. Pone de manifiesto los recelos que suscita un salto adelante en la Unión Monetaria entre los acreedores del Norte ('fatiga de los rescates') que implique cierta mutualización de las deudas, y supone una visión miope del futuro del sector financiero europeo. Porque la paradoja es que cabe la probabilidad de que la próxima crisis bancaria, tras la asunción por el BCE de la Supervisión Única, tenga lugar en Alemania, donde los bancos medianos están infracapitalizados.
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